Ricardo Gil Lavedra reclamó cambios en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura

Al asumir la presidencia de la entidad, el excamarista llamó a trabajar por la independencia judicial; ausencia de funcionarios

El excamarista Ricardo Gil Lavedra llamó a los abogados a bregar por la independencia judicial desde el Consejo de la Magistratura y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, al asumir esta noche como nuevo presidente del organismo.

Ante más de 500 personas que desbordaban el auditorio del Colegio, sobre la avenida Corrientes 1441, Gil Lavedra enfocó su discurso en lo institucional, reclamando que los abogados sean protagonistas para cambiar el descrédito de la justicia y lo lento y farragoso del acceso para los justiciables. Y los exhortó a recuperar la fe en el derecho y en las instituciones judiciales.

Lo escuchaban, en primera fila, los jueces de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorezentti, junto al exjuez y exministro Carlos León Arslanian, excompañero del tribunal de Gil Lavedra en el Juicio a las Juntas. Un peronista que siempre amigo del dirigente radical.

Entre los asistentes se destacaron Pablo Clusellas, exsecretario de Legal y Técnica de Mauricio Macri, el fiscal general de la Ciudad Juan Bautista Mahiques, el procurador bonaerense Julio Conte Grand, el diputado y consejero de la magistratura Pablo Tonelli, el consejero Diego Marías y el constitucionalista Daniel Sabsay.

El discurso de Gil Lavedra fue interrumpido por aplausos en varias ocasiones: cuando prometió una atención personalizada de cada uno de los integrantes del consejo directivo a los matriculados, cuando se comprometió con las políticas de género y la defensa de las mujeres víctimas de maltratos en el ejercicio profesional y cuando habló de poner en pie de igualdad a los abogados con los funcionarios judiciales para acceder a la magistratura. “Los mejores jueces son los que tienen experiencia”, reclamó.

“Queremos que nuestros representantes en el Consejo de la Magistratura defiendan nuestros intereses. Que procuren la sanción y la separación de los jueces que incurran en mal desempeño, que se monitoree la actividad de los tribunales y que se eliminen las restricciones que impiden a los abogados y abogadas acceder en pie de igualdad a la magistratura”, remarcó.

Gil Lavedra accedió a la presidencia del Colegio -que maneja la matrícula de los abogados de la Ciudad de Buenos Aires- como candidato de una amplia coalición de agrupaciones abogadiles, que dejaron de lado sus diferencias para enfrentar a Gente de Derecho, la agrupación que orienta Jorge Rizzo y que controló el Colegio los últimos 16 años. Gil Lavedra, con el apoyo de Juntos por el Cambio, se impuso sobre Rizzo, que llevaba candidatos camporistas y tenía el apoyo del oficialismo.

En su primer discurso, Gil Lavedra preparó el terreno para lo que será la elección de integrantes del Consejo de la Magistratura que se realizará a fin de año, para renovar totalmente el cuerpo. Por eso es que remarcó el rol de los abogados en esta tarea, para lograr incidir en la elección de los magistrados y en sus procesos disciplinarios.

En ese sentido reclamó un Consejo de la Magistratura que “deje de ser rehén de intereses políticos” y que se dedique a cubrir las vacantes, ya que la falta de jueces pone en riesgo, dijo, la prestación del servicio de justicia.

Gil Lavedra destacó que “la justicia en la Argentina padece una crisis de credibilidad” porque se desconfía de la independencia de los jueces respecto de la política y de otros factores de presión. También apuntó a las dificultades de acceso y las enormes demoras en los procesos judiciales. Por el otro lado, advirtió que la crítica constante sobre los fallos termina horadando también a los tribunales.

“A los abogados y abogadas no nos es indiferente esta situación de descrédito de la justicia. Tenemos un mandato constitucional para asegurar la independencia de los jueces y la eficacia de los servicios de justicia”, dijo. Mencionó que el remedio es “la presencia de la abogacía en el Consejo de la Magistratura”.

Sostuvo que esta legitimidad de los jueces “es débil” pues no están sujetos a la voluntad popular y no tienen el poder del Poder Ejecutivo ni el dinero. “La legitimidad de la actividad judicial está sujeta a algo mas impreciso y volátil: la confiabilidad que despiertan sus decisiones en la comunidad. La credibilidad de que han sido tomadas con base en la ley y de modo imparcial”, enfatizó.

“Los abogados y abogadas somo operadores del derecho, defendemos la aplicación de la ley y de la constitución. Somos auxiliares de la justicia solicitando a los jueces que tutelen los derechos de nuestros clientes. Contribuimos también a la imparcialidad del tribunal”, agregó.

En el frente interno, prometió no dinamitar lo realizado por las anteriores gestiones del Colegio, sino continuarlas. “Vamos a continuar la historia, todas las cosas que se han hecho bien van a proseguir. Las administraciones anteriores han creado un modelo de colegio de servicios que en muchos aspectos es acertado. Nosotros vamos a tratar de mejorarlos, adaptarlos a los tiempos, modernizarlos”.

Los ejes de su discurso apuntaron a mejorar los servicios del Colegio para el matriculado, fortalecer las herramientas digitales de gestión, la capacitación de los abogados y trabajar sobre las cuestiones de género. Asimismo, anunció una línea de crédito para reequipar a los abogados con celulares y computadoras, habilitar espacios de coworking en el Colegio (ya que muchos letrados debieron cerrar sus estudios durante la pandemia), posibilitar una red de asistencia jurídica para los que menos tienen y firmar un convenio con la UBA para el control de la gestión mediante una política de transparencia activa.

En su discurso, el abogado destacó a las asociaciones que apoyaron su elección: Cambio Pluralista, Abogados de la Ciudad, Sera Justicia, Abogados del Fuero, Abogados Esenciales; Bloque Constitucional; Abogados en Acción, Abogados por Argentina, Justa Causa, Abogados de Pie, Confluencia de Abogados en Evolución, Encuentro de abogados independientes, Presencia y Acción.

La Argentina postergará hasta 2024 el pago de la deuda al Club de París

A través de un decreto que se publicará en estas horas, el Ministerio de Economía postergará hasta fines de septiembre de ese año los pagos, aunque buscarán renegociar tasas de interés y plazos con anterioridad

El Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán postergará el pago de deuda al Club de París hasta el 30 de septiembre de 2024. La decisión será publicada en las próximas horas en un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Se trata de un plazo que el Gobierno ya tenía prácticamente acordado desde el 22 de marzo pasado. Entonces se fijó como fecha límite el 30 de junio de este año para renegociar condiciones, pero ya se contaba con las garantías financieras necesarias y con el aval del Club de París para diferir el pago por 30 meses. Sin embargo, tal posibilidad estaba sujeta a la aprobación del directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) del acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, según las sigas en inglés) firmado con la Argentina. Ese pacto se selló el 25 de marzo, o sea, tres días después.

El anuncio, en ese sentido, es una simple formalización legal. La nueva fecha límite (30 de septiembre de 2024) reemplaza a la que existía en el primer acuerdo marco (31 de mayo de 2022) establecida en el decreto 412 de 2021.

La idea del Ministerio de Economía es llegar a un acuerdo sobre las tasas de interés, las fechas de repago y otras condiciones antes de la fecha nueva límite. Incluso, las mismas fuentes aclararon que la meta de de acumulación de reservas para este año fijada con el Fondo (US$5800 millones) puede ser reducida si el Gobierno lograr cerrar una renegociación que incluya pagos de capital durante este año.

La Argentina debía pagar el 31 mayo de 2021 US$2450 millones en los términos del acuerdo firmado en 2014, el cual contemplaba un periodo de gracia de 60 días. Pero, el Ministerio de Economía anunció el 22 de junio del año pasado que se había arribado a un entendimiento con los países nucleados en el Club de París. El país se comprometió entonces a cerrar un acuerdo con el FMI y a asegurar la comparabilidad de tratamiento con otros acreedores bilaterales oficiales.

Además, el Gobierno realizó dos pagos a cuenta (un total de US$430 millones) el 28 de julio de 2021 y el 28 de febrero de 2022. Antes, el 25 de junio de 2021, mediante el decreto 412/2021, se había instruido al Economía a renegociar el acuerdo marco y los acuerdos bilaterales suscriptos con los países nucleados en el Club de París. La fecha límite que se puso entonces y que ahora reemplazará el Gobierno era el 31 de mayo de 2022 (o sea, mañana).

“Previo a la votación del Directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo un encuentro hoy con el presidente del Club de París, Emmanuel Moulin, en el que las partes acordaron una nueva extensión del entendimiento alcanzado en junio del 2021″, informó Economía en marzo de este año.

“El acuerdo alcanzado incluye garantías financieras por parte del Club de París en respaldo al programa de Facilidades Extendidas que tiene una duración de treinta meses, permitiéndole a la Argentina asegurar las fuentes financieras identificadas en el acuerdo con el FMI”, se dijo y se agregó: “Las garantías financieras otorgadas establecen que, durante la vigencia del programa, Argentina realizará pagos parciales a los miembros de Club de manera proporcional a los que efectúe a otros acreedores bilaterales, de acuerdo a los términos establecidos en el entendimiento de junio de 2021″. La condición de realizar pagos si se abona deuda a otros países se mantiene, según fuentes oficiales.

“Reconocemos que el objetivo de este programa con el FMI es fortalecer la estabilidad macroeconómica de Argentina y fomentar un crecimiento económico inclusivo y sostenible a mediano y largo plazo”, afirmó Moulin entonces, según indicaron en un comunicado oficial de la cartera que conduce el propio Guzmán.

En 2014, el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, renegoció la deuda de US$4955 millones con el Club de París. Logró un plazo de repago de cinco años extensible a dos más. En caso de activarse ese par de años, la tasa punitoria era de 9%. A esa situación se llegó en 2021. La idea de la actual gestión en Economía es aliviar también ese costo de financiamiento. La tasa al comienzo era de 7%; y el actual gobernador logró rebajarla con un esquema step up, que arrancaba en 3% anual y subía (4,5%, 7,5%). Sin embargo, se lo cuestionó porque aceptó US$1102 millones de intereses, y US$3633 millones de punitorios. La deuda creció a US$9600 millones.

Tensión entre organismos de derechos humanos y el Ejército por el futuro del Casino de Oficiales de un regimiento de Corrientes

La Justicia y el Ministerio de Defensa tuvieron que intervenir para autorizar visitas guiadas al espacio que se busca preservar; denunciaron que en el predio se cometieron crímenes durante la dictadura

Con un episodio que derivó en la intervención del Ministerio de Defensa y de la Justicia, el sábado último se reactivó el reclamo de organizaciones de derechos humanos para que se les adjudique un sector del predio que albergaba al Regimiento de Infantería N° 9, de Corrientes. El objetivo es convertir el antiguo Casino de Oficiales en un sitio de memoria, por entender que durante la dictadura militar se impartían desde allí órdenes para el funcionamiento de un centro clandestino de detención y tortura.

El regimiento fue trasladado en 1996 a San Javier, en el norte de Misiones, pero el predio, de unas 17 hectáreas, sigue en manos del Ejército. Las organizaciones alegan que los sectores que pretenden preservar no ocupan más de una hectárea.

El destacamento que funciona hoy en el lugar tiene una dotación de cuatro suboficiales y seis soldados. Fuentes castrenses indicaron que el reclamo derivó en una situación tensa y que cuando se les indicó que solo podían tener acceso al Casino de los Soldados, un sitio ya preservado por la Justicia, los militantes de las organizaciones de derechos humanos insistieron en que se les permitiera realizar sus actividades en el Casino de Oficiales y llegaron a empujar al mayor Castro Quesada, quien ordenó a sus subordinados no reaccionar. Se hizo presente en el lugar el comandante de la Brigada Monte 3, que está en Resistencia, el coronel Cristian Pafundi, y se sumó un grupo de veteranos de Malvinas que estaban a pocos metros del lugar y se pusieron a disposición de los militares.

Más allá de los reclamos por señalizar lo que fue el Casino de Oficiales y otras construcciones, una medida cautelar dispuso hace tiempo la preservación del Casino de los Soldados, para conservar eventuales pruebas en un proceso judicial que aún se lleva adelante. El predio en disputa constituye un lugar estratégico, sobre la avenida Costanera, a pocos metros del puente que une la ciudad de Corrientes con Resistencia.

“Nosotros no pretendemos que se vaya la unidad militar. Queremos que se mantenga el sitio donde funcionaba el centro de detención, porque hay una causa judicial pendiente y las instalaciones aún pueden servir como prueba, además del símbolo que representa el lugar desde donde se daban las órdenes”, dijo el presidente del Espacio de Memoria RI-9, Daniel Cian, al explicar el incidente del sábado.

En el predio de Corrientes se instaló hace seis años la Compañía de Ingenieros Monte 3, que en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, fue mudado al Cuartel de La Liguria, en Resistencia. Desde entonces, permanece en el lugar el Destacamento de Vigilancia de Cuartel Corrientes, con el reducido plantel de suboficiales y soldados.

Pedido de autorización

“Antes de realizar el acto, que consistía en dos visitas guiadas, una charla de concientización y la presentación de un libro sobre Malvinas, pedimos autorización por escrito a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, que la tramitó ante el Ministerio de Defensa y el juzgado federal de Corrientes, a cargo de Gustavo Fresneda. Nos recibió el mayor Castro Quesada, con quien pudimos dialogar, pero no nos permitió acceder al Casino de Oficiales porque la autorización no mencionaba expresamente ese lugar”, explicó Cian, que milita en la organización Hijos.

Fuentes extraoficiales insistieron en que hubo momentos de tensión entre el personal militar y los civiles que concurrieron al acto. Cian explicó que a través de comunicaciones directas con el Ministerio de Defensa y el juzgado interviniente se pudo finalmente ingresar en el Casino de Oficiales. Superado ese momento de tensión, las actividades se completaron con normalidad, durante cinco horas.

La Justicia interviene porque se sigue llevando adelante una investigación sobre violaciones a los derechos humanos en el predio del exRegimiento de Infantería N° 9, por hechos que sucedieron hace más de 40 años.

Las organizaciones de derechos humanos objetan, además, un proyecto que propone destinar el terreno del regimiento a la provincia de Corrientes, para el desarrollo de obras en la costanera. Procuran preservar el predio como sitio de memoria, incluidos -además del Casino de Oficiales- el patio de armas y una pequeña capilla en la que, según las denuncias, se habría forzado a contraer el matrimonio religioso a parejas de detenidos que vivían en concubinato.

“El predio tiene un valor simbólico porque es la primera unidad militar del interior –luego de otros sitios de La Plata y Buenos Aires- en la que la Justicia probó la existencia de un centro clandestino de detención. Son lugares que deben ser afectados a tareas educativas y formativas, para consolidar el Nunca Más en las nuevas generaciones”, argumentó el abogado Pablo Vassel, exsubsecretario de Derechos Humanos de Corrientes y uno de los expositores, junto con la doctora Marisa Sanauria, el fiscal Diego Vigay y el exfiscal Germán Wiens Pinto, entre otros.

Vassel afirmó que el Casino de los Soldados está cercado por la medida cautelar y no tiene actividad militar. A 50 metros de distancia, en cambio, el Casino de Oficiales y el patio de armas están en funcionamiento y en forma contigua tienen su sede un centro de veteranos de Malvinas y una dependencia de la Municipalidad de Corrientes.

Utilitarios, eléctricos, furgones y camionetas

Subasta de vehículos usados en Banco Ciudad

Buenos Aires, 30 de mayo de 2022. El Banco Ciudad presenta tres subastas de automotores usados, que se rematan de manera online a precios de base muy atractivos a través de la plataforma de subastas  www.subastas.bancociudad.com.ar

La primera se realizará por cuenta y orden de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora el 3 de junio a las 11h, y se rematarán una camioneta, un utilitario, una plataforma móvil electrohidráulica y vehículos eléctricos. Los precios base de los nueve lotes a subastar oscilan entre $60mil y $950mil.

La segunda subasta será el mismo 3 de junio desde las 14h y presenta, por cuenta y orden de la Universidad de San Martín, una camioneta tipo furgón Peugeot Boxer modelo 2006 que cuenta con una plataforma elevadora de accionamiento eléctrico para el uso de sillas de ruedas. El precio base es de $950.000.

La tercera subasta será el 15 de junio desde las 11h y presenta nueve rodados pertenecientes a la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA). Los modelos que se ofrecen son siete utilitarios y dos camionetas que salen con precios de base desde $380mil hasta $1,5 millones. El kilometraje en general de las unidades varía desde los 100.000 km hasta los 250.000 kmPara quienes estén interesados en ver de manera presencial los lotes de esta subasta o requieran asesoramiento, desde el 06/06 al 09/06 deberá coordinarse la visita a través del correo electrónico pabreu@ausa.com.ar Los automotores estarán exhibidos en las playas de estacionamiento de AUSA: estación de Peaje Retiro de Autopista Dr. Arturo Illia, y peaje de Parque Avellaneda en la Autopista Perito Moreno.

El catálogo con descripción y fotos de todos los vehículos que integran las tres subastas, se encuentra disponible de manera online en el sitio de subastas del Banco Ciudad:  

La nueva modalidad de subastas online del Banco Ciudad permite elegir los objetos de interés entre los catálogos de los distintos rubros (arte, alhajas, inmuebles, automotores y objetos varios) y participar de manera online en los remates de forma ágil y sencilla desde una PC, teléfono celular o tablet.

INSCRIPCIÓN PREVIA 

Los interesados en participar en las subastas deberán iniciar sesión e inscribirse en el portal https://subastas.bancociudad.com.ar/ antes de la fecha límite indicada para cada remate, tanto sean personas o empresas.  

Respecto de la garantía: al momento de inscribirse, los interesados deberán acreditar haber constituido una garantía por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del precio de base del lote por el cual tengan interés en ofertar. En caso de querer ofertar por varios lotes, deberán realizar 1 (una) sola transferencia de fondos, equivalente al 10% del total de las bases de los lotes elegidos, de acuerdo con lo estipulado en el punto 2º de las presentes Condiciones de Venta Particulares.

Los lotes adquiridos deberán abonar IVA del 10,5% sobre el precio de venta de cada unidad.  

LOTES A SUBASTAR EL 03/06/2022 a las 11h

  • LOTE 1 

Una camioneta (doble cabina), usada, funcionando, marca Ford, modelo Ranger dc 4×2 xl plus 3.0 d, modelo año 2008, tipo pick-up.

Precio Base: $ 950.000.-

  • LOTE 2

Una camioneta, usada, funcionando, marca Citroen, modelo Berlingo multispace 1.9d full, tipo sedan 5 ptas año 2009. 

Precio Base: $ 750.000.-

  • LOTE 3

Un vehículo eléctrico, usado, funcionando, marca ezgo, modelo sin poder determinar (según remito) fredom rxv, serie 5329316 (sticker poco legible), modelo año aprox. 2014.

Precio Base: $ 400.000.-

  • LOTE 4 

Un vehículo eléctrico usado, sin funcionar, marca ezgo, modelo sin poder determinar (según remito) fredom rxv, serie 5329318 (sticker ilegible según remito), modelo año aprox. 2014.

Precio Base: $ 250.000.-

  • LOTE 5 

Un vehículo eléctrico usado, sin funcionar, marca melex, modelo 145, serie sxm67ga2scm228079, tipo para seguridad, modelo año aprox. 2013.

Precio Base: $ 400.000.-

  • LOTE 6 

Un vehículo eléctrico usado, sin funcionar, marca melex, modelo 145, serie sxm67ga2scm228076, tipo seguridad, modelo año aprox. 2013.

Precio Base: $ 200.000.-

  • LOTE 7 

Un triciclo eléctrico, marca lucky lion, modelo y serie sin poder visualizar, modelo año aprox. 2016.

Precio Base: $ 90.000.-

  • LOTE 8 

Un triciclo eléctrico, sin funcionar, marca lucky lion, modelo y serie sin poder visualizar, modelo año aprox. 2016.

Precio Base: $ 60.000.-

  • LOTE 9 

Una plataforma móvil electrohidráulica, usada, sin funcionar, marca inscripción unirroll s.a., modelo sin placa identificatoria visible; año aprox. 2012, capacidad de carga aprox. 500kg, elevación total aprox. 9000 mm, dimensiones 2.150 mm x 1.000 mm.

Precio Base: $ 950.000.-

LOTE A SUBASTAR EL 03/06/2022 a las 14h

Una camioneta usada funcionando marca Peugeot, Boxer 350mh 2.8td, modelo año 2006. Tipo furgón. Cuenta con una plataforma elevadora de accionamiento eléctrico para el uso de sillas de ruedas.

LOTES A SUBASTAR EL 15/06/2022

  • LOTE 1 

Un utilitario usado funcionando, marca Renault , modelo Kangoo ph3 auth. plus 1.6 2p, modelo año 2014. 

Precio Base $ 500.000

  • LOTE 2 

Una camioneta usada, funcionando, marca Mercedes Benz, modelo Sprinter 313 cdi/ch 3550, tipo pick-up, modelo año 2011.

Precio Base $ 1.200.000

  • LOTE 3 

Una camioneta doble cabina, usada, funcionando, marca Volkswagen , modelo Amarok 2.0l tdi 180cv 4×2 554, tipo pick-up, modelo año 2015.

Precio Base $ 1.500.000

  • LOTE 4 

Un utilitario usado, funcionando, marca Renault , modelo Kangoo ph3 confort 1.5 dci 1 p, tipo furgón , modelo año 2015. 

Precio Base $ 500.000

  • LOTE 5 

Un utilitario usado, funcionando, marca Renault , modelo Kangoo ph3 confort 1.5 dci 1 p, tipo furgón , modelo año 2015. 

Precio Base $ 480.000

  • LOTE 6 

Un utilitario usado, funcionando, marca Renault , modelo Kangoo ph3 confort 1.5 dci 5asientos 2p,  tipo furgón , modelo año 2015. 

Precio Base $ 520.000

  • LOTE 7 

Un utilitario usado, funcionando, marca Renault , modelo Kangoo ph3 confort 1.5 dci 5asientos 2p, tipo furgón , modelo año 2014. 

Precio Base $520.000

  • LOTE 8 

Un utilitario usado, funcionando, marca Renault , modelo Kangoo ph3 confort 1.5 dci 5 asientos 2p,  tipo furgón , modelo año 2014. 

Precio Base $ 520.000

  • LOTE 9 

Un utilitario usado, funcionando, marca Renault, modelo kangoo grand confort 1.5 dci 2 p, tipo furgon, modelo año 2011.  

Precio Base $ 380.000

CÓMO PARTICIPAR:

1. Se debe contar con un dispositivo electrónico del tipo tablet, notebook, PC, smartphone o similar con conexión WIFI.     

2. Registro como usuario a través de Autogestión en https://www.bancociudad.com.ar/autogestion/

3. Ingreso a la Subasta de interés en https://subastas.bancociudad.com.ar/

4. Leer las Condiciones de Venta.    

5. Realizar la transferencia del monto de caución que habilita a participar, según lo requerido en las condiciones de venta de cada subasta.    

6. Por último, el participante recibe un email de habilitación para poder ofertar.    

Diputados: Avanza el proyecto de Compre Argentino

Luego de que un plenario de las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda emitiera dictamen del Proyecto de Compre Argentino, legisladores de distintos bloques políticos se refirieron a la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo.“La medida yo la comparto y defiendo el Compre Nacional”, aseguró Carlos Selva, del Frente de Todos, ya que consideró que “necesitamos seguir consolidando, ante la incertidumbre y el impacto que pega la economía mundial sobre nuestras debilitadas reservas y nuestro debilitado sistema financiero, y tratar, como lo hicimos en el proceso de la pandemia, que ninguna empresa cierre”.Por su parte, la diputada del Pro, Silvia Lospennato, explicó: “La ley de Compre Argentino significa que el Estado compra más caro algunos productos con el objetivo de favorecer a la industria nacional y el desarrollo de proveedores”. En ese sentido, Lospennato destacó que, en el gobierno de Juntos Por el Cambio “nosotros aprobamos la Ley con un margen de preferencia menor al que se propone ahora” y detalló que la nueva iniciativa “duplica los márgenes de preferencia, los aumenta mucho más para las empresas grandes”.La Ley de Compre Argentino es una herramienta de política industrial que propone canalizar el poder de compra del Estado para mejorar la capacidad productiva nacional y promover el desarrollo de proveedores locales.

Massa: “Hay jueces que benefician a los asesinos al volante y hay que señalarlos”

El presidente de la Cámara de Diputados recibió, junto al Observatorio de Víctimas de Delitos; el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera; y el ministro de Transporte de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, a organizaciones de familiares y víctimas de siniestros viales.

El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, junto a la directora del Observatorio de Víctimas de Delitos, con sede en la Cámara de Diputados, Sandra Rossi; al ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera; y al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, recibió a organizaciones de familiares y víctimas de siniestros viales, en un encuentro en el Salón Delia Parodi del Congreso de la Nación, en el marco de la Semana Mundial de Acción por la Seguridad Vial.

Junto a ellos, participaron la referente de Madres del Dolor, Viviam Perrone; Silvia González, representante de la organización Estrellas Amarillas, y víctimas y familiares de víctimas de distintos puntos del país, en una mesa compartida con el objetivo de trabajar en medidas legislativas para reducir los siniestros viales en la que Massa escuchó a los presentes, que fueron invitados para que pudieran expresarse sobre los proyectos de Alcohol Cero al Volante; la Ley Tahiel y el proyecto para limitar la velocidad máxima en los barrios a 30 km/h.

En ese contexto, el presidente del cuerpo se refirió a la importancia del rol del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara baja: “Es importante que tengamos la capacidad de aprovechar el instrumento que representa el Observatorio para poner blanco sobre negro a nuestra sociedad, a esos jueces que tardan 5,6, 7 años en impartir justicia, que buscan los vericuetos y los escondites de los Códigos para tratar de beneficiar a los asesinos que, en lugar de usar un revólver, usan un vehículo”.

En esa línea, expresó que es necesario mostrarle a la sociedad argentina “aquellos que no cumplen con su tarea y revictimizan a la víctima y a su familia cuando, en nombre de derechos y garantías inexistentes, terminan beneficiando a los que asesinan al volante”.

“Desde el Congreso y deade el Observatorio hay que visibilizar a aquellos que, en su rol de impartir justicia, ignoran el dolor y la desigualdad que existe y creen que las víctimas son solo un número”, sostuvo Massa. Y acotó: “Hay jueces que benefician a los asesinos al volante y hay que señalarlos”.

Por su parte, la integrante del Observatorio de Víctimas y referente de Madres del Dolor, Viviam Perrone,  expresó: “Nos vamos conformes. Planteamos nuestras necesidades y nos escucharon.  El presidente Sergio Massa nos aseguró que a partir del lunes se avanzará en las comisiones pendientes y seguiremos avanzando en los proyectos.”

En tanto, el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, indicó: “Cuando Sergio nos invitó a participar de esta jornada, nos pidió que escucháramos, que nos pongamos en su lugar, que entendamos su dolor, que compartamos esa lucha. Y que desde nuestros lugares transitorios, que también nos confirieron ustedes como ciudadanos, compartamos ese dolor, esa angustia, esa impotencia, y ayudarlos y ayudarnos a cambiar las injusticias que causan muchas veces nuestras leyes”.

Mientras que el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D’ Onofrio, consideró: “Hoy dimos un gran paso al escuchar a los familiares de las víctimas. Ellos son nuestro faro y pusimos fechas y plazos al tratamiento de todas estas legislaciones para visibilizar aún más esta lucha. Es un gran avance y tenemos que seguir por este camino”

Entre las medidas presentadas por las organizaciones se destacan el proyecto de Alcohol Cero al Volante, que establece la tolerancia cero de alcohol en sangre para la conducción de vehículos, con penalidades por infringir la norma, y la iniciativa para reducir a 30km/h la velocidad máxima en calles de ciudades del país.

Presupuesto por decreto: presentan nuevas proyecciones económicas y preparan un cambio en Ganancias

El Gobierno publicará su ley de leyes antes del 30 de junio y mostrará su nueva estimación de suba de precios para este año; luego, el Ministerio de Economía espera modificar el mínimo desde el que se paga el impuesto

A través de un decreto, el Gobierno prevé dar luz verde en las próximas semanas a un nuevo presupuesto para este año, que incorporará, entre otras novedades y detalles sobre la planificación oficial, una nueva pauta de inflación, de ingresos por recaudación de impuestos y de gastos, entre ellos, el monto de subsidios energéticos.

Además, fuentes oficiales confirmaron que, con un importante avance en el cierre de las paritarias salariales y luego de la presentación de la nueva “ley de leyes” (dará un indicio de la pauta de suba de precios reestimada para 2022), publicará un decreto para actualizar el tope mínimo desde el que se pagará el impuesto a las ganancias (hoy es desde un salario bruto superior a $225.937). Se oficializaría, en julio o agosto. Es una decisión prevista por Economía, más allá de la presión desde el propio Frente de Todos canalizada días atrás a través de Sergio Massa.

El nuevo presupuesto se aprobará antes del 30 de junio, una demora importante teniendo en cuenta que en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) estaba prevista una modificación de la norma vigente para ponerla en línea con la meta de déficit primario para 2022 acordada en el programa de Facilidades Extendidas (EFF, según las siglas en inglés) a más tardar el 15 de abril pasado.

En el Gobierno aseguran que fue el organismo conducido por Kristalina Georgieva el que ofreció más tiempo para “tabular con más precisión” los impactos en el mundo de la guerra en Europa del Este. El viernes, por caso, era furor entre funcionarios la última tapa de The Economist sobre este es tema.

Fuentes oficiales reconocieron además que, tras el rechazo en el Congreso del proyecto de presupuesto 2022 y la prórroga del anterior, la fecha límite de mitad de año responde a la restricción que implican los cupos presupuestarios. “Es difícil operativamente trabajar sin eso”, dijeron. “El decreto también debe reflejar las condiciones actuales en cuanto a las readecuaciones que haremos para cumplir la meta [con el Fondo], dado el shock de la guerra”, aclararon a este medio. En ese sentido, con el cambio del marco macroeconómico a implementar, se prevén modificaciones en ingresos y en gastos.

El presupuesto presentado en septiembre pasado -que fue rechazado- estimaba una suba de precios para este año de 33%. En esa iniciativa ya se había modificado la pauta 2021 (originalmente de 29%) y se subió en 16 puntos (45,1%), pese a que la inflación terminó siendo 50,9%. El acuerdo con el Fondo previó para 2022 una suba de precios de entre 38% y 48%. El último panorama del FMI sólo tomó el techo de esa banda. Sin embargo, las paritarias están cerrando actualmente en un 60%; el equipo económico trabaja con un “escenario optimista” del 65% y los privados creen que rondará 70%.

Tal nominalidad de la economía sumará ingresos extras al Tesoro. Parte de los mismos fueron utilizados para dar bonos a trabajadores informales, jubilados y monotributistas. Con las mejoras en la Tarjeta Alimentar y otros programas, el costo llegó a 0,44% del PBI. La factura la pagó la inflación, dicen en Economía. Por las dudas, allí siguen diseñando nuevos impuestos: Guzmán insistirá en su tributo a la “renta inesperada”, según fuentes oficiales, que impactará en 2023 en algunas empresas.

Con relación al gasto, es probable que, dado el impacto que tuvo la invasión rusa a Ucrania en los precios de la energía, éste se incremente. El viernes, el resultado primario de abril mostró que los subsidios a la energía crecieron ese mes 132,8% interanual y llegaron a $116,673 millones. Son $66.559 millones más que lo que se pagó en abril de 2021.

En ese marco, en el Ministerio de Economía esperan que -tras pasar las audiencias públicas de la luz y el gas-, el 1° de junio, el secretario de Energía, Darío Martínez, publique la resolución instruyendo a los entes reguladores -manejados por La Cámpora- para actualizar los nuevos cuadros tarifarios. Allí también estará la segmentación de tarifas. En el Gobierno creen que la implementación de la misma se extenderá en el tiempo. Quizás llegue cuando el frío haga que el peso del aumento sea menor. Para mejorar la oferta es probable que Guzmán presente esta semana el decreto para flexibilizar el cepo en el sector energético. El ministro lo viene prometiendo desde marzo pasado.

La inflación y los cambios en el Gobierno

El nuevo presupuesto tendrá dos nortes fundamentales: la adaptación al contexto mundial y al acuerdo con el Fondo Monetario, y la intención de Guzmán de anclar las expectativas del sector privado para frenar la inercia inflacionaria. El programa con el FMI prevé un déficit fiscal primario de 2,5% del PBI, reducción de la emisión (1% del PBI) y acumulación de reservas. Para Guzmán, la credibilidad -de su plan- y los dólares en el Banco Central (BCRA) son las anclas.

Pero la reducción de la inflación conlleva un enorme desafío político, ya que el propio ordenamiento macroeconómico es a través de un plan inflacionario per se. El acuerdo con el FMI prevé subas de tarifas y un dólar que siga más de cerca los precios. La inflación lima las posibilidades políticas del Frente de Todos para 2023 -lo sabe Cristina Kirchner-, pero al mismo tiempo es la principal socia del Gobierno a la hora de achicar el déficit a través del “impuesto inflacionario”.

El ministro mantiene el discurso de que que la inercia inflacionaria responde actualmente a los precios internacionales desorbitados por la guerra y a las expectativas desancladas que genera la durísima interna en la cúpula del poder.

Respaldado por el Presidente, esta última línea discursiva lo llevó a anunciar la absorción de Comercio Interior, cartera conducida por Roberto Feletti, alfil de Cristina Kirchner. Después de que Feletti pidiera retenciones públicamente y criticara el plan de Guzmán con el FMI, el ministro pidió que se alineara con el Gobierno. El viernes se dio la respuesta institucional.

Fue una decisión que comenzaron a pelotear Guzmán y Matías Kulfas en marzo. “No fue una respuesta al discurso de Cristina en Chaco”, descartaron en el Gobierno. Se consensuó semanas atrás con Alberto Fernández. Lo insólito es que Feletti se enteró recién el martes, cuando Guzmán lo convocó y se lo dijo cara a cara luego de haber cortado relaciones desde comienzos de abril cuando el secretario de Comercio advirtió: “Esto se va a poner feo”.

La formalización de esa señal política desde un área clave para Cristina Kirchner se dio con una foto enviada el viernes por la tarde por los equipos de ambos. Allí aparecían el ministro de Economía y el de Desarrollo Productivo. Curiosamente, pese a que el anuncio era todo sobre el cambio de jefatura, Feletti no estaba. Los “albertistas” lo dejaron afuera.

Pese a las trabas, el campo genera casi el 70% de las exportaciones y aporta el 23% de los ingresos estatales

El sector es clave para el sostenimiento de la economía; en el primer cuatrimestre generó $1,22 billones en impuestos y la agroexportación liquidó US$11.098 millones, casi un 14% más que en igual período de 2021; el impacto de las retenciones y la brecha cambiaria

El aporte del campo al entramado económico argentino es determinante. Y los números así lo reflejan. En el primer cuatrimestre del año, la agroexportación liquidó US$11.098 millones, un 13,76% más que en igual período de 2021. Además, entre enero y abril de 2022, el sector aportó $1,22 billones al Estado en impuestos, el 23% del total recaudado. Y las previsiones para el año son alentadoras: las ventas al exterior por granos y subproductos se expandirían en US$3400 millones.

El 24% del producto bruto interno (PBI) está atado, en mayor o menor medida, a esta actividad -entre productos primarios (8%), agroindustria (7%) y servicios conexos (9%)-, lo que la ubica como la primera en injerencia en la riqueza del país. En ese sentido, el año pasado el sector significó US$77.235 millones, de acuerdo con la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). Implica que uno de cada cuatro pesos que produce el país está vinculado a las cadenas agroindustriales.

Y es en materia de exportaciones donde el sector juega un rol fundamental. El año pasado, las ventas totales al exterior de la Argentina fueron de US$77.934 millones, de las cuales casi el 40% correspondieron a manufacturas de origen agropecuario (US$30.951 millones) y 28% (US$21.828 millones) a productos primarios, entre otros. En tanto, en el conjunto -incluyendo biocombustibles y otras actividades-, el agro se posicionó como el sector que más exportaciones realizó, con el 69,7%.

Por su parte, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en 2021 las exportaciones de la producción agrícola [complejos de soja, maíz, trigo, girasol, cebada] se ubicaron en US$38.049 millones sobre un total del país de US$78.092 millones. Para este año, en tanto, en medio de los mejores precios internacionales y pese al recorte de la producción local por la sequía, la entidad prevé ventas al exterior por granos y subproductos por US$41.500 millones sobre un total de US$87.182 millones del país. Es decir, en 2022 las ventas del agro se expandirían en US$3400 millones.

Todo esto sin contar el aporte de otras cadenas como carnes, lácteos, entre otras. De hecho, para Equilibra Centro de Análisis Económico, sumando a los granos las carnes, la pesca, los lácteos, forestación, entre otros sectores, se llegaría a US$50.700 millones. Teniendo en cuenta todos estos sectores, aquí sería un 7,5% por encima de 2021.

Vale recordar, en este contexto, que considerando lo que ingresan por divisas las empresas exportadoras que integran la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), la agroexportación allí agrupada liquidó en el primer cuatrimestre de 2022 la suma de US$11.098 millones, un 13,76% más que en los primeros cuatro meses de 2021, cuando fue de US$9755 millones.

Los analistas apuntan que el campo es una de las actividades con mayor dinamismo adquirido en la última década. “Es el sector que más tecnología ha incorporado al proceso productivo en los últimos años. La Argentina tenía una cosecha rígida y a partir de las nuevas innovaciones, la cosecha se multiplica por cuatro”, explicó Marina Dal Poggetto, directora Ejecutiva de la consultora EcoGo.

El sector también lidera otro ranking: es sobre el que más impuestos recaen, particularmente en la agricultura y la ganadería. En retenciones, tributos generales y especiales, el Estado se queda con el 65% de la renta del campo. De cada $100 que genera una hectárea de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol (el valor de la producción menos costos), unos $64,9 terminan en manos del gobierno a nivel nacional, provincial o municipal, según FADA.

En el primer cuatrimestre del año, el campo aportó $1,22 billones al Estado en impuestosEsta cifra significa el 23% del total recaudado, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Solamente las retenciones son cerca del 15% de la recaudación, de acuerdo con Dal Poggetto.

“Mientras más altos son los impuestos, menos recursos tiene el productor para canalizar fondos a inversiones que serán necesarias a futuro como fertilizantes y cultivo de cobertura, entre otras. Además, no se ve que los impuestos que recauda a partir de la actividad se canalicen en servicios o bienes de interés para el sector agropecuario”, aporta Juan Manuel Garzón, economista Jefe de Ieral, de la Fundación Mediterránea.

La comparación con otros sectores ilustra el nivel de presión sobre la actividad. Por cada punto de PBI que produce, el campo genera 1,5 puntos porcentuales de recursos tributarios, mientras que el resto de la economía aporta 0,9 puntos. Se trata de un 64% más que cualquier otro rubro, según la Sociedad Rural Argentina.

Numerosos estudios y especialistas apuntan a los efectos nocivos de la presión impositiva, burocrática y regulatoria sobre el campo. Un informe de la Fundación Apertura aseguró que, de eliminarse las retenciones, el PBI de la Argentina crecería al menos tres puntos extra por año. Y se generarían unos US$10.000 millones adicionales por exportaciones, anualmente.

Para Iván Ordóñez, economista especializado en agronegocios, el área sembrada podría crecer un 12% más de no haber brecha cambiaria ni derechos o cupos de exportaciones. El crecimiento representaría cuatro millones de hectáreas productivas adicionales y -entre cultivos de invierno y de verano- 40 millones de toneladas de granos más. En términos financieros, su equivalente es de cerca de US$16.000 millones de dólares y un incremento de las exportaciones del 24%.

“Las principales provincias que aportan retenciones no reciben lo que corresponde en coparticipación. La consecuencia es que esos recursos no se utilizan para reinvertir y generar infraestructura que asista al crecimiento del sector. Se lo descapitaliza. Todo el ecosistema pierde potencia de reproducción porque un montón de recursos se van para otro lado. El capital es el ahorro”, explicó el especialista.

Idas y vueltas

Desde el regreso de la democracia en 1983, los sucesivos gobiernos hicieron más de 80 modificaciones en las legislaciones sobre los derechos a la exportación de los principales productos agropecuarios, según la Bolsa de Comercio de Rosario. Los porcentajes más altos se impusieron a la soja en 1989, con un 41%. Luego, en 2008, la expresidenta Cristina Kirchner intentó volver a poner una alícuota superior al 40% con las retenciones móviles que desataron cuatro meses de conflicto con el campo. La iniciativa se cayó con una votación en contra en el Senado que definió el exvicepresidente Julio Cobos.

En tanto, vale recordar que con la desregulación de la economía y la quita de retenciones que se llevó adelante con Carlos Menem, habían quedado en un 3,5% a la soja para impulsar el agregado de valor en la industria.

Las retenciones en general volvieron a aumentarse con el expresidente Eduardo Duhalde, política que siguió con Néstor y Cristina Kirchner. Al llegar al poder, Mauricio Macri realizó una quita a 0% para varios productos y trazó un sendero de disminución para la soja. Sin embargo, en 2018 volvió con un esquema de 3 y 4 pesos por dólar exportado. Si bien redujo los derechos de exportación para algunas economías regionales, el presidente Alberto Fernández, en tanto, aumentó la presión impositiva. Hoy los derechos de exportación son del 33% para el grano de soja y el 12% en trigo y el maíz, entre otros productos.

La Rural tiene iniciada una causa judicial en Córdoba contra las retenciones porque considera que, al no votarse el presupuesto 2022 que contenía una prórroga para las facultades delegadas del Congreso al Poder Ejecutivo en esta materia, ya no tienen un sustento legal, inclusive para el aumento que hizo el Gobierno en marzo pasado del 31% al 33% para la harina y el aceite de soja.

Pese a todas las dificultades impuestas, el campo produce el 40% de los bienes de la economía, según La Rural. El impacto del agro argentino trasciende las fronteras nacionales siendo que el 11% de los productos agropecuarios en el mercado mundial, en 2020, llevaron el sello local.

Fue 1° exportador de harina y aceite de soja, aceite y jugo de limón, maní y porotos; el 2° exportador de yerba mate y maíz; el 3° de granos de soja; el 4° lugar en peras y leche en polvo y en el 5° puesto como exportador de harina de trigo, carne bovina, lanas, aceite de girasol y camarones y langostinos.

Capacitaciones y Club de Negocios: Nuevo programa de entrenamiento empresarial para PYMES

Buenos Aires, 20 de mayo de 2022El Banco Ciudad lanza un Programa de Entrenamiento Empresarial con el objetivo de sumar herramientas de formación que apuntan a promover una mayor competitividad de las empresas. La iniciativa, que potencia los servicios no financieros del Ciudad, incluye capacitaciones en Escuelas de Negocios, Universidades y con expertos PyMEs;  también un Club de Negocios, que brinda espacios de networking, consultorios especializados, rondas de negocios y una vidriera Pyme.

Las propuestas de formación se desarrollan en una agenda anual de carácter federal que se  presentan en la plataforma online del Instituto Pyme de la entidad , y que incluye a las distintas zonas en las que el Banco tiene presencia (CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Río Cuarto, Mendoza, Salta y Tucumán). Las capacitaciones contienen  Programas Ejecutivos en asociación con la principales Escuelas de Negocios y Universidades del país, así como Master Class y Charlas de Alto Impacto (*).

Otra novedad es el Club de Negocios, que brinda diferentes servicios tales como Ronda de Negocios, para que las PyMEs puedan vincularse y presentar sus productos y servicios; también un espacio de Networking, para conectar y compartir buenas prácticas, experiencias y problemáticas; y una sección denominada ADN Pyme de consultorios personalizados con Expertos PyMEs. Por último, se otorga a las empresas un lugar exclusivo en la web del Instituto PyME del Ciudad, denominado Vidriera Pyme, para que publiquen información sobre su negocio y amplíen sus redes.

Aquellos interesados en participar del Programa, pueden acceder a la información sobre el mismo e inscribirse en: https://www.institutopyme.com.ar/comunidad-empresarial/

ACERCA DEL INSTITUTO PYME DEL BANCO CIUDAD

El Instituto Pyme es un espacio que ofrece el Banco Ciudad para fomentar el intercambio de ideas y acompañar el desarrollo estratégico de los negocios de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Su misión es contribuir al desarrollo estratégico de los Negocios contemplando las características singulares del segmento, apoyando la acción de las empresas y orientando sus expectativas de crecimiento.

Más información en www.institutopyme.com.ar y consultas en institutopyme@bancociudad.com.ar

La fiscalía aceptó la propuesta del Presidente para cerrar la causa por la fiesta en Olivos a cambio de $1.600.000

El fiscal Fernando Domínguez convalidó la oferta de Alberto Fernández y también la de Fabiola Yañez (por $1.400.000); ahora el juez Lino Mirabelli debe decidir si homologa lo acordado

El fiscal de San Isidro Fernando Domínguez aceptó las ofertas del Presidente y de la primera dama, Fabiola Yañez, para cerrar la causa contra ambos por violación de la cuarentena a cambio de un total de tres millones de pesos. Alberto Fernández ofreció $1.600.000 y Yañez, $1.400.000. Son investigados por el festejo del cumpleaños de la primera dama en la Quinta Presidencial de Olivos mientras regía el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.

El fiscal de San Isidro aceptó esta mañana la propuesta de “reparación”, informaron fuentes judiciales; ahora, el juez Lino Mirabelli debe decidir si la homologa. Solo podría rechazar el acuerdo por ilegal o arbitrario.

El matrimonio presidencial invocó el artículo 59 inciso 6 del Código Penal, que establece el derecho del imputado a extinguir la acción penal por conciliación o reparación integral del perjuicio. Hasta ahora, el fiscal y el juez siempre se habían pronunciado en contra del pedido de Fernández para ser sobreseído.

Una de las participantes del cumpleaños de la primera dama, la estilista Carolina Marafiotti, ya arribó a un acuerdo con los funcionarios judiciales por $200.000 y fue sobreseída. Además de Yañez y Fernández, quedan ocho amigos de la primera dama que también están imputados en este expediente.

En un principio, cuando la causa tramitaba en Comodoro Py, Alberto Fernández pidió ser sobreseído por inexistencia de delito y aclaró que, en caso de que rechazaran su propuesta, ofrecía reparar el daño mediante la donación de cuatro medios sueldos al Hospital Malbrán.

Finalmente el caso pasó a San Isidro, jurisdicción en la que ocurrió el hecho -en la quinta de Olivos- y juez federal Mirabelli rechazó su sobreseimiento. Pero la causa siguió su curso, y Fernández ofreció esta nueva cifra que el fiscal aceptó.