Se trata de la mitad de las transferencias discrecionales que la provincia prevé recibir de la Nación en medio del año electoral

La posibilidad de que la Corte Suprema resuelva a favor de la ciudad de Buenos Aires en la pelea por los fondos de la coparticipación que la Nación le detrajo en 2020 no sólo sería vista como un triunfo político del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Significaría, además, un duro golpe para el gobernador Axel Kicillof y las arcas bonaerenses, que en el acto dejarían de percibir aquellos fondos millonarios que les giraba el Tesoro nacional de manera discrecional.

El impacto sería tremendo. En efecto, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal bonaerense –que se nutre de los recursos coparticipables detraídos de la Capital– está presupuestado en $200.745 millones para el año próximo. Se trata de nada menos que la mitad del total de las transferencias discrecionales que la Nación prevé girarle a la provincia en 2023, un año electoral.

Si el máximo tribunal decidiera devolverle todos esos fondos a la Capital, Buenos Aires se vería privada de recursos claves. Por ejemplo, para realizar obras públicas: según el proyecto de presupuesto bonaerense para el año próximo, la cifra supera todo lo que se prevé asignar en gastos de capital al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos: $185.585 millones.

Hay más ejemplos comparativos que sirven para dimensionar el posible impacto. Por caso, según el presupuesto 2023, esos $200.745 millones implican cinco partidas anuales de inversión de insumos de capital para las fuerzas de seguridad bonaerenses (compra de patrulleros, helicópteros y equipos de seguridad). Son también dos presupuestos enteros en gasto para insumos, equipamiento e infraestructura de la Dirección General de Educación y Cultura, la jurisdicción más importante de la administración bonaerense.

Está visto entonces que un fallo adverso de la Corte Suprema sería una pésima noticia para las ambiciones de Kicillof –que aspira a la reelección– y para Cristina y Máximo Kirchner, que necesitan nutrir de recursos discrecionales a su bastión electoral. En la Casa Rosada recibieron con cierto alivio que el fallo, que intuyen desfavorable, no se firmara el pasado jueves. La demora no hizo otra cosa que agitar los temores en el gobierno porteño, que sospecha presiones de la Casa Rosada para que la sentencia se posponga hasta el año próximo.

Eso sería óptimo para los tiempos de Kicillof, abocado por estos días a conseguir los votos de la oposición en la Legislatura para aprobar el presupuesto 2023 antes de fin de año. Si la Corte decidiera anticiparse con un fallo adverso y le rebanara los $200.745 millones del Fondo, el gobernador se vería obligado a reformular íntegramente su proyecto de presupuesto y a renegociar, con menos recursos, con una oposición que condiciona sus votos a que el gobierno provincial le asegure más partidas para infraestructura y seguridad en los municipios.

Fondos claves

Con una pobreza que afecta al 56% de la población urbana según reconoce en el propio mensaje del presupuesto, los $200.745 millones del Fondo de Fortalecimiento Fiscal son claves para el desempeño fiscal bonaerense. Según el proyecto, la provincia recibirá el año próximo $2,9 billones de la Nación, de los cuales el 87,2% corresponde a fondos coparticipables y el 12,8% son discrecionales. Estos últimos están calculados en $382.913 millones, de los cuales el 52% provienen del Fondo de Fortalecimiento.

Para el gobierno bonaerense, este giro millonario de dinero se justifica si se considera que la provincia aporta más recursos de lo que recibe en concepto de coparticipación.

“La creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal significó una reparación parcial que se enmarca en un proceso históricamente desfavorable para la provincia de Buenos Aires –sostiene en el mensaje de presupuesto 2023–. Sin embargo, las inequidades estructurales persisten: aun considerando los nuevos fondos, la provincia continúa percibiendo un 49% menos de los recursos nacionales por habitante que el resto de las provincias.”

El Fondo de Fortalecimiento para la provincia de Buenos Aires fue creado en septiembre de 2020, para calmar una protesta de la policía bonaerense que llegó hasta las puertas de la quinta de Olivos. En ese marco, el presidente Alberto Fernández dispuso por decreto restablecer el índice de 1,4% de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, el cual había sido aumentado a 3,75% (y luego a 3,5%) durante la gestión de Mauricio Macri. La quita fue luego ampliada por medio de una ley sancionada en noviembre.

Acto seguido, el gobierno dispuso asignarle un 1,18% extra de coparticipación a Buenos Aires. Según un informe de la Fundación Mediterránea, desde que se instrumentó esta poda la Capital dejó de percibir $288.933 millones de coparticipación, que se reduce a $223.773 millones si se descuenta el monto con el que la Nación compensa a la ciudad de Buenos Aires por el traspaso de las funciones de seguridad.

La vicepresidenta abraza a referentes políticos que estaban más alejados y busca pacificar el Frente de Todos; incorporó el problema de la inseguridad a su libreto; el factor Kicillof, clave para el armado electoral

Cristina Kirchner activó el modo electoral. El temor a perderlo todo en los comicios del año próximo, particularmente la provincia de Buenos Aires, hoy lleva a la vicepresidenta a abrazar a referentes políticos que alguna vez menospreció, a reivindicar temas que no integraban su agenda habitual y a silenciar en público las críticas que todavía tiene hacia el Gobierno de Alberto Fernández. Una apertura política propia de la época.

Con los mayores interrogantes del peronismo puestos en las candidaturas a la presidencia –y sin que Fernández haya habilitado la mesa nacional del Frente de Todos para comenzar a ordenar ese tablero–, la vicepresidenta busca potenciarse como la gran armadora de la provincia de Buenos Aires. Por eso escucha a los intendentes del conurbano que tienen poca simpatía por Axel Kicillof y se acerca a los movimientos sociales, a los que meses atrás criticaba de manera feroz.

“Nadie entrega el armado nacional. Pero sin duda hay que intentar asegurar la provincia y hay que pensar lo nacional apalancando desde la provincia”, dijo un funcionario con llegada a la mesa de conducción política que Máximo Kirchner y Kicillof convocan cada lunes en La Plata desde hace más de un mes. En esos encuentros tienen silla fija el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde; el ministro de Desarrollo de la Comunidad provincial, Andrés “Cuervo” Larroque; el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, además de un grupo de jefes comunales.

“Está con identidad bonaerense y quiere aglutinar al peronismo de la provincia aunque no necesariamente ella sea candidata”, dijo un referente que habló con la exmandataria esta semana.

Los temores

El tema de la inseguridad, que en las encuestas aparece al tope de las preocupaciones del electorado bonaerense junto con la inflación, no solo fue incorporado al discurso público de la vicepresidenta –como se vio en el acto que la tuvo como única oradora en La Plata– sino que está en las conversaciones que ella mantiene en privado. Lo trató con un grupo de intendentes y dirigentes en la cena que tuvo en la residencia de la gobernación hace diez días y también con el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, cuando lo recibió el martes en el Senado. “Reconoce que hay una deuda del peronismo con ese tema”, dijo una persona que la escuchó en el último tiempo.

Un intendente acotó: “Ella entiende el problema. Tanto Sergio Berni como Aníbal Fernández están corridos de tema, hablan de política. Y nosotros con la seguridad tenemos que mostrar presencia del Estado. Del otro lado tenemos a tres exministros de seguridad, con (Patricia) Bullrich, (Cristian) Ritondo y (Diego) Santilli”.

Entre los intendentes y referentes con aspiraciones electorales de la provincia sobrevuela el temor a perder bastiones clave. Un importante funcionario nacional de raíz bonaerense lo puso en estos términos: “La provincia está en peligro si no hacemos una buena campaña nacional. Y también podemos perder municipios como Pilar, Ituzaingó, San Martín o Luján. Acá hay que sentarse a discutir el rompecabezas y fortalecer la unidad, porque sino no se salva nadie”.

El cálculo electoral siempre es el mismo: lo que determina la elección para el PJ es la tercera sección electoral (históricamente kirchnerista) y, sobre todo, la primera sección electoral, que hoy tiene a más municipios en riesgo. “Todos necesitamos que Sergio (Massa) la acomode para marzo o abril. Si eso pasa todos vamos a respirar más tranquilos y Sergio lo va a cobrar bien”, dijo un integrante de la mesa política de los lunes.

Con Kicillof como la cara que mejor capitaliza los votos de Cristina Kirchner, toda la alta dirigencia bonaerense da prácticamente por sentado que el gobernador irá por su reelección. Kicillof, de hecho, ya está diseñando su campaña. Lo único que puede cambiar sus planes es que su jefa política le pida que juegue en otro tramo de la boleta. Los intendentes, que nunca lograron sintonizar con el estilo del gobernador bonaerense, quieren tener a un candidato propio para la gobernación.

“Si Cristina le pide a Axel que juegue para presidente, todo es diferente”, advierte un importante referente provincial. Ahí los nombres de Insaurralde y de Katopodis asoman como potentes para dar la madre de todas las batallas.

La vicepresidenta, en tanto, parece haber optado por moderar sus cuestionamientos a Fernández para pacificar el Frente de Todos. Es un doble juego porque La Cámpora –con Larroque como su principal portavoz– no abandona la embestida contra Fernández para despegar al kirchnerismo de la performance del Gobierno.

Pero los recelos que acumularon en el tiempo el Presidente y su vice hace que cualquier mínimo gesto tome un valor simbólico. El llamado de la vicepresidenta a Bali cuando Fernández tuvo su episodio de salud, fue celebrado en la Casa Rosada y en buena parte del PJ. Un importante dirigente bonaerense interpretó: “Ella está en modo electoral y los botellazos al Gobierno los hace perder base electoral. Está en actitud de abrirse y hablar con todos: es por el armado, no por culpa cristiana”.

Ese sería el tope por los próximos tres meses y en el cuarto mes subirían 3,5%; en octubre naftas y gasoil habían aumentado entre 5 y 7%, y en noviembre, 7% en promedio

Como parte del acuerdo de Precios Justos -que congeló el precio de 1800 productos por 120 días y estableció una pauta de aumentos de hasta el 4% mensual para los bienes no incluidos en el plan por el mismo lapso-, el Gobierno acordó con las petroleras un sendero de subas de precios de los combustibles también reducidas.

De esta forma, en el marco del programa, las empresas solo podrán ajustar el valor de naftas y gasoil hasta un 4% mensual por tres meses y en el cuarto mes el tope será de 3,5%. En octubre las naftas aumentaron 5% y el gasoil, un 7%, mientras que en este mes hubo nuevas subas del 7% en promedio.

Según fuentes del Gobierno, mañana está prevista una reunión con el sector por este tema con la presencia de autoridades de la Secretaría de Energía y de la de Comercio. Sin embargo, consultadas fuentes de las empresas YPF y Axion dijeron que aún no tenían detalles de la medida.

Del acuerdo de Precios Justos participan 109 empresas, de las cuales unas 60 ya lo habrían firmado a mediados de la semana pasada, mientras que otras 40 lo seguirían revisando, más allá de lo cual en los supermercados ya se encuentran los productos con sus respectivos precios y la señalética del plan.

Uno de los principales reparos de las compañías que aún no firmaron y que integran la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) es que el acuerdo no se condice con lo que se había conversado en las reuniones en Comercio.

El principal punto en disputa tiene que ver con que no figura por escrito la contraparte del congelamiento, que es el acceso a divisas para importar insumos, y así garantizar el abastecimiento.

“Si no hay ninguna palabra escrita sobre dólares, se pone en riesgo el acuerdo porque hay un tema de producción. Se quedan sin insumos. La industria de alimentos no tiene grandes proporciones de insumos, salvo el café y cacao, pero los que tienen son absolutamente necesarios”, explicó en su momento Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal y de la Unión Industrial Argentina (UIA).

En este sentido, el Gobierno informó el viernes que, una vez que las empresas firmen los acuerdos de precios, se pasarán los Cuits al comité del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) -integrado por el Banco Central, la AFIP, la Aduana y la secretaría de Comercio – para evaluar las importaciones que tienen programadas y adelantar los términos. Es decir que accederían a dólares más rápido que si no son parte del programa.

Según Comercio esto también permite que no haya excusas respecto de lo que es abastecimiento porque las firmas van a poder acceder a los insumos para fabricar los productos.

La Cámara baja, que preside Cecilia Moreau, también aprobó la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal y la ampliación del Programa Nacional De Cardiopatías Congénitas.

En una sesión especial, la Cámara de Diputados dio media sanción a la iniciativa que reconoce a la Lengua de Señas Argentina (LSA) como una “lengua natural y originaria que conforma un legado histórico inmaterial como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas” en todo el territorio de Argentina.
El proyecto de ley garantiza su inclusión plena y fue avalado por unanimidad con 229 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones.

En tanto, con 193 votos positivos, 19 negativos y 4 abstenciones, obtuvo respaldo el proyecto de modificación de la ley 24.449, de tránsito, sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos.  La iniciativa reduce de 0.5 milímetros de alcohol en sangre a 0 la tolerancia para conducir en las rutas nacionales y será girada al Senado.

En otro orden, obtuvo media sanción el proyecto de ley de Procedimientos Médico-Asistenciales para la Atención de las Mujeres y Personas Gestantes frente a la Muerte Perinatal.  Fue aprobado por 216 votos positivos, 1 negativo y 0 abstenciones y será girado al Senado.

En tanto, Diputados también aprobó y giró al Senado la ampliación del Programa de Protección integral de personas con cardiopatía congénita por 209 votos positivos, 2 negativos y 0 abstenciones.

La norma amplía el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación y, entre otras cuestiones, establece que las personas con cardiopatías congénitas tienen derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondientes en cada etapa vital.

Además, obtuvo respaldo la norma que fija la actualización del valor de las sanciones por infracción en el manejo de residuos peligrosos. El proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo, busca sustituir el artículo 49 de la ley N° 24.051, de Residuos Peligrosos, con el fin de actualizar el valor de las sanciones que allí se establecen.

Durante la sesión, también se aprobó un proyecto para establecer como feriado nacional no trasladable el 17 de agosto de cada año, en homenaje al general José de San Martín. El proyecto busca modificar el artículo 1º de la ley 27.399, sobre establecimiento de feriados y fines de semana largos, para fijar días feriados nacionales y días no laborales en todo el territorio.

Asimismo, fueron aprobados una serie de proyectos sobre transferencias de inmuebles, entre las cuales se destacó la transferencia a título gratuito a la provincia de Córdoba, del dominio de una fracción de terreno que ocupa el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, ex-Centro Clandestino de Detención “La Perla” en el departamento de Santa María.

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2022. En el marco del Black Friday, el Banco Ciudad ofrece un 20% de descuento en tiendas online adheridas del rubro Indumentaria, del 23 al 27 de noviembre,  pagando con las tarjetas del Banco Ciudad a través de la app MODO o desde la app Banca móvil de Banco Ciudad. Entre las marcas adheridas, están Calvin Klein, Equus, Cultura, Selú, Prototype y Style Store, entre otras.

A su vez, el Banco Ciudad presenta una nueva serie de promociones y descuentos en los principales rubros de consumo, todos los días de la semana, a través de sus tarjetas de crédito, débito y pagos con celular. Los días lunes abonando con tarjetas de crédito, se accede a un 20% de descuento en supermercados. Los martes, en el rubro indumentaria, hay un 20% de descuento y 3 cuotas sin interés, que se suman a un 10% de descuento extra pagando a través de MODO. Los días miércoles, hay un descuento de hasta 30% en locales de gastronomía, abonando con tarjetas de crédito del Ciudad. Los desayunos de los jueves, comprendidos entre las 6 y las 11 de la mañana, tienen un 20% de descuento utilizando las tarjetas VISA del Banco Ciudad, y si se abona desde la plataforma MODO, se suma un 10% más de descuento. Los viernes en el rubro jugueterías y librerías, se puede acceder a un 20% de descuento abonando con tarjetas de crédito y débito, y también suma un 10% de descuento utilizando MODO. Los sábados en espectáculos hay un 50% de descuento pagando con las tarjetas de crédito del Ciudad. Y para finalizar la semana, cargando el tanque en cualquier estación de combustible del país los domingos, se accede a un 10% de descuento abonando con tarjetas VISA, además de un 5% extra por hacerlo desde MODO.

Las tarjetas de crédito del Banco Ciudad se pueden solicitar de manera simple y ágil, 100% online, y con comisión de renovación bonificada sin límite de tiempo, a través de la web de la entidad: https://www.bancociudad.com.ar/institucional/micrositio/TC100Digital . Adicionalmente, por pedirla online, obtienen un 50% de descuento en la primera compra en cualquier comercio del país.

La iniciativa plantea una actualización del Código Penal para otorgarle a la Unidad dé Información Financiera (UIF) mayores herramientas para prevenir e impedir el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP)

En una reunión conjunta las Comisiones de Legislación General y Finanzas, que encabezan los diputados oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio, funcionarios y abogados expusieron sobre el proyecto de ley por el cual se modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.La iniciativa del Poder Ejecutivo propone modificaciones a las normas vigentes a fin de adecuarse a los estándares internacionales. “El carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con los estándares internacionales vigentes”, indica el expediente.Al respecto, Juan Carlos Otero, presidente de la Unida de Información Financiera destacó la  “reforma sustancial luego de 11 años. Nos va a permitir mejorar la persecución contra los delitos de lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo”. “En 2023 vamos a ser evaluados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que va a evaluar a los tres poderes del Estado y al sector privado”. “Es muy importante cumplir con lo técnico de la evaluación, es por ello, que es necesario arribar a consensos para poder aprobar lo antes posible este proyecto para tener mayor efectividad de cara a la evaluación. Evalúan a un país no a un gobierno”, aseguró.Asimismo, el funcionario remarcó que fue un proceso participativo, con organismos, mesas de trabajo que se presentó el proyecto el 31 de mayo y acorde con políticas de estado. A su vez, explicó los “tres ejes principales de la ley: la modificación del Código Penal, la reforma a la ley 25.246 y la creación de un registro de beneficiarios finales”.En tanto, Ricardo Casal, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía dejó “constancia que la labor llevada adelante ha sido un trabajo ampliamente generoso democrático y muy participativo que tuvo la comisión, lo cual permitió con distintas rondas de trabajo corregir, adecuar, adaptar y redefinir algunos aspectos que fueron centrales que hizo la comisión, hubo un debate muy rico con dip y asesores que nos permitió actualizar el texto original”.Zenón Biagosch, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), dijo que es “un hecho innegable que esta legislación debe ser actualizada y requiere una reforma estructural”. En lo que hace a las temáticas del BCRA no podemos desconocer que la realidad nos está demostrando que hay una mutación muy importante en todos los sistemas de oferta y contratación del sistema financiero por ende los controles que tenemos que aplicar en ese sentido tienen que aggionarse a estas nuevas realidades”, advirtió. Y asimismo, destacó los “sujetos obligados a informar operaciones sospechosas, otros proveedores de cobros y de pagos y; otros proveedores no financieros de créditos y de activos virtuales”.Verónica Grondona, directora de Fiscalidad Internacional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), disertó sobre el registro de la información y la identificación de los beneficiarios finales. “Lo que se pretende es que Argentina tenga una verificación en cascada del beneficiario final, controlando por un lado a aquellos beneficiarios finales que lo sean por titularidad de acciones, a través de la votación u otros medios indirectos, y eso es muy importante en las evaluaciones de las que hemos sido objeto porque era una observación que se estaba haciendo”, aseveró.Fernando Díaz Cantón, presidente del Instituto de Estudios Legislativos (IDEL) criticó la “forma en que Argentina viene encarando este aspecto desde el derecho penal”. Esta iniciativa “incorpora a abogados como sujetos obligados a denunciar, esto genera una laguna de punibilidad. En este frenesí de la penalidad, se termina minando la relación de confianza entre abogado- cliente porque ahora el cliente sabrá que el Estado habrá convertido a su abogado de confianza en un delator”, aseguró.“Perderíamos la oportunidad si no elevamos el umbral de punibilidad de los 300 mil pesos. Hoy las maniobras de lavado de activos del crimen organizado afectan el orden económico y financiero. El aumento permitirá depurar los casos penales”, añadió María Eugenia Talerico, abogada, ex vicepresidenta de la UIF.Juan Cruz Ponce, secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamérica (GAFILAT), se explayó sobre los estándares internacionales y el proceso de evaluación. “Estamos ante un sistema cooperativo a nivel internacional y que engloba a 206 jurisdicciones a lo largo del planeta”. “Las recomendaciones del GAFI ofrecen un elenco de medidas muy amplias, intersectoriales, interdisciplinarias para detectar y sancionar estos delitos y aglutinan a todos los ámbitos posibles -asociados directa o indirectamente- a un marco de prevención y lucha contra este tipo de delitos”“Cuando uno se acerca a la evaluación es fundamental contar con un marco normativo robusto y en línea con los estándares internacionales, la evaluación es a nivel país, se evalúa el sector público y el privado, el cumplimento técnico pero también la efectividad”. “Es un proceso muy complejo que requiere mucha planificación, coordinación y apoyo a la coordinación LA/FT/FP”, manifestó.

Participaron Sebastián Negri, presidente de la Comisión Nacional de Valores; Sebastián Kaufman, abogado; Francisco D´Albora, fundación para la Prevención y el Control de Lavado de Activos y la financiación del Terrorismo (FAPLA); Pablo Daniel Sanabria, especialista en derecho administrativo y prevención de lavado de activos; Silvio Marcelo Rizza, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; Eduardo Toribio, asesor Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de Argentina; entre otros.

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2022. En el marco de las actividades de acompañamiento a las empresas y el compromiso con la sustentabilidad, el Banco Ciudad otorgó una distinción especial a la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), como Empresa Sostenible, por su cultura de responsabilidad social y ambiental alineada con el marco regulatorio nacional y las buenas prácticas internacionales. El reconocimiento fue entregado al finalizar el Programa Ejecutivo virtual, con Certificación Universitaria, sobre “Gestión en riesgos ambientales”, organizado por el Instituto PyME del Banco Ciudad junto a la Escuela de Innovación del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). (*)

El Banco Ciudad, liderado por Guillermo A. Laje, tiene como uno de sus pilares estratégicos el desarrollo de las finanzas sostenibles y ha implementado un Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la cooperación técnica de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), que en 2020 tuvo su prueba piloto con 10 empresas analizadas, y que en 2021-2022 pasaron por este análisis más de 130 empresas. Asimismo, el Banco Ciudad, junto a un grupo de 17 bancos, integra el primer Protocolo de Finanzas Sostenibles de Argentina desde 2019, que tiene como objetivo promover la implementación de mejores prácticas en la materia y crear modelos de negocios que no sólo buscan ser rentables, sino también generar impacto social positivo y cuidar el medio ambiente.

Con relación a la elección de Fecovita para la Distinción del Banco Ciudad a la Empresa Sostenible, se destacó su gestión ambiental, social y su alineamiento con las buenas prácticas internacionales, a través del conjunto de iniciativas que la cooperativa lleva adelante en dichas áreas. Se distinguen la evaluación ambiental que realiza la empresa para la gestión responsable del agua y la energía, y el reciclaje de los residuos generados. Con relación a la gestión social, Fecovita implementó el primer fideicomiso financiero con etiquetado social en Argentina; obtuvo la Certificación ISO 45.001 por contar con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo; y fomenta la educación brindando orientación familiar y apoyo escolar. En cuanto a los lineamientos internacionales, por su contribución con la Agenda Mundial 2030 de Desarrollo Sostenible, a través de 6 ODS prioritarios, relacionados con proyectos que colaboran con el fin de la pobreza, con la educación equitativa y de calidad, con el trabajo y el crecimiento económico, con modalidades de consumo y producción sostenible, entre otros.

En representación de Fecovita, recibió la distinción el secretario de la Mesa Directiva Marcelo Federici, quien destacó la misión y visión de la empresa, su alineamiento con objetivos de desarrollo sostenible y su posición en el mercado interno y a nivel internacional. En este sentido, señaló el compromiso con el medio ambiente con acciones como la reducción del uso de energía y agua en sus líneas de producción. Federici también mencionó las diversas iniciativas con relación a la mejora del bienestar familiar, emocional, social, profesional y financiero de sus colaboradores; y detalló las alianzas con organizaciones nacionales e internacionales en pos del desarrollo sostenible. Fecovita hoy reúne a 5000 productores integrados en 29 cooperativas, con 54 bodegas elaboradoras y un equipo de más de 1000 colaboradores. La cooperativa es líder en volumen de ventas y crece en proyección internacional, llegando a más de 40 países.

El programa en el marco del cual se otorgó la distinción forma parte de las herramientas de formación gratuitas que brinda el Instituto Pyme del Banco Ciudad a las MiPyMEs y emprendedores, en alianza con las instituciones académicas de mayor prestigio. La capacitación sobre sostenibilidad se desarrolló con el ITBA y se trataron temáticas relacionadas con finanzas ambientales, cambio climático, gestión de riesgos socioambientales, adopción de buenas prácticas y licenciamiento ambiental.

En medio de las tensiones en el Frente Todos, Pablo Moyano, dirigente de Camioneros y la CGT, llamó este lunes a respaldar al Gobierno “hasta el último día” pese a la situación económica. Reclamó, no obstante, un incremento de las asignaciones familiares y un bono “antes de fin de año”.

El sindicalista se refirió este lunes a la administración de la Casa Rosada como “su gobierno”, en momentos en los que el kirchnerismo ha elevado el tono de sus críticas hacia Alberto Fernández. Afirmó que ha mantenido diálogos con los distintos actores de la coalición para intentar recomponer el poder adquisitivo.

“Hay que seguir militando más allá de la bronca por la inflación”, afirmó Moyano en declaraciones a la AM 530. “Hay que concientizar a los trabajadores de que hay que bancar a este gobierno. Este es mi Gobierno, vamos a seguir bancando a este Gobierno hasta el último día”, sostuvo.

Y aclaró: “Pero eso no quiere decir que no vamos a seguir militando para nuestra candidata o candidato que va a surgir de los afiliados del peronismo. Tenemos que volver a ganar en 2023 porque estos tipos [en alusión a los referentes opositores] vienen con ese odio y con todo a sacar derechos a los trabajadores”.

Ante la situación económica, Pablo Moyano recordó el discurso que dio a mediados agosto. “Alberto, ponga lo que tenga que poner para ponerle un freno a los empresarios”, manifestó en aquella oportunidad. El sindicalista ratificó este lunes esos dichos y dio cuenta de su preocupación.

“Hoy lo que planteo, ya lo ha hablado con Alberto, Cristina [Kirchner] y también con Sergio Massa, es que a fin de año tiene que haber un aumento en forma urgente de asignaciones familiares”, sostuvo.

El secretario adjunto de Camioneros consideró “lastimoso” que solo “2 millones de empleados cobren un salario familiar por hijo o hija”. “Es un acto discriminatorio Tiene que ser universal”, reclamó en línea con un pedido realizado por centrales sindicales y organizaciones sociales.

Además, Moyano pidió eliminar la incidencia del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios, un tributo que llamó “impuesto al trabajo”.

Además, insistió en un pedido de algunos sindicatos. “Queremos que haya una suma fija para millones de trabajadores que no llegan a cubrir la inflación”, afirmó. El otorgamiento de una suma fija había sido desestimado por la ministra de Trabajo, Kelly Olmos.

Moyano se mostró expectante de que pueda haber anuncios en ese sentido pronto. “Con la aprobación del presupuesto y la llegada de Alberto y Massa [de la gira en Francia e Indonesia], en los próximos días puede haber alguna novedad en este tema”.

“Suma fija”

La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, había planteado días atrás reparos al otorgamiento de una suma fija. “La idea de la suma fija, no nos parece lo más adecuado, porque la verdad es que las paritarias están demostrando vigor y se negocia al máximo. Entonces, no es la idea tensar ahí”, reconoció.

A su vez, Olmos, aclaró que el bono de fin de año “es un planteo más de la política que de los gremios” y afirmó que llegado el momento “el anuncio lo va a realizar el presidente” Alberto Fernández. A su vez, indicó que el bono se instrumentará por decreto presidencial.

No obstante, sostuvo en que es “probable” que haya un bono de fin de año para los trabajadores formales, como ya se hizo con la administración pública nacional y con los jubilados, pero insistió en que “muchos gremios ya lo han previsto en su propia paritaria” y absorberían cualquier monto estipulado por el Ejecutivo.

Ese bono no sería, de todas maneras, una suma fija. Según lo que trascendió, el piso sería de $30.000 y el techo de $45.000. La medida se instrumentará por decreto presidencial.

La Corte Suprema de Justicia pondrá en marcha mañana el nuevo Consejo de la Magistratura con la jura de los nuevos representantes de los jueces, abogados, académicos y del Poder Ejecutivo. Pero el máximo tribunal no convocó a los consejeros que representan al Senado y la Cámara de Diputados, pues analizará recién el jueves si corresponde ponerlos en funciones luego de que el kirchnerismo insistiera en designar al camporista Martín Doñate como representante de la segunda minoría de la Cámara alta.

El asunto no es una mera formalidad, ya que los jueces supremos dejaron fuera del juramento de mañana a los ocho consejeros senadores y diputados (el Consejo de la Magistratura tiene un total de 20 miembros). Los jueces de la Corte definirán este jueves si corresponde o no tomarles juramento.

Con los representantes de los diputados no habrían inconveniente. Sí con los enviados del Senado, ya que Cristina Kirchner desoyó el último fallo de la Corte y volvió a partir el bloque del Frente de Todos en dos (Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana) para enviar a dos senadores por la mayoría y a un tercero por la segunda minoría, también del kirchnerismo.

Los senadores enviados son María Inés Pilatti de Vergara (Chaco) y Mariano Recalde (Ciudad de Buenos Aires), ambos por el Frente Nacional y Popular, que tiene 21 senadores; el correntino Eduardo Vischi, por el bloque de la UCR, que tiene 18 miembros (primera minoría) y Doñate, por Unidad Ciudadana, de 14 integrantes (segunda minoría).

El 8 de noviembre, la Corte dijo que Cristina Kirchner -cuando envió a Doñate por primera vez en octubre pasado- actuó con falta de “buena fe”, que realizó una “maniobra”, un “ardid”, cuando dividió el bloque del Frente de Todos para quedarse con tres de los cuatro consejeros del Senado. Fue un modo de violentar la idea de darle representación proporcional a las fuerzas políticas en el Consejo, dijo el máximo tribunal. Luis Juez (Córdoba), el elegido por el bloque Pro (de nueve miembros), quedó afuera del Consejo. La Corte ordenó que debía reemplazar a Doñate.

La demora en la jura de los senadores generó mucho desagrado en el bloque kirchnerista del Senado. Cristina Kirchner mandó a refrendar en el recinto de la Cámara alta el decreto parlamentario con los nombres de los consejeros (Juntos por el Cambio no participó de la sesión), de modo de dejar en claro que no se trató de una decisión de ella, sino de la Cámara alta. Es decir, enfrentar al Senado con la Corte.

Cristina Kirchner no presidió esa sesión del Senado ni firmó el decreto parlamentario porque se encontraba en ejercicio de la Presidencia por la gira de Alberto Fernández. La firma del decreto y la sesión estuvo en manos de la presidenta provisional de la Cámara alta, Claudia Ledesma Abdala de Zamora.

Por su parte, el Pro presentó una acción de amparo en la que reclamó que se designe a Juez en el Consejo de la Magistratura, en representación de la primera minoría del Senado. El planteó recayó en el juzgado contencioso administrativo de María Alejandra Biotti.

El bloque opositor le pidió a la jueza como medida cautelar que “ordene al Consejo de la Magistratura de la Nación se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a incorporar como consejero de ese cuerpo al senador Martín Doñate, designado ilegítimamente” por Cristina Kirchner. Y pidió además que se declare nulo el decreto parlamentario que designó a Doñate y a su suplente, Anabel Fernández Sagasti.

Juez y el senador Humberto Schiavoni (consejero suplente por el Pro) pidieron que se habiliten días y horas inhábiles para acelerar el caso. La causa fue enviada al fiscal Fabián Canda para dictaminar acerca de si es competente. Además, solicitaron que “se declare la inoponibilidad de la partición del bloque del Frente de Todos a los fines de la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación”.

Esto último implica que la división que la Corte consideró como “un ardid” no valga a los efectos de nombrar consejeros, aunque pueda valer para la vida interna del Senado. Esta declaración de “inoponibilidad” es algo que ya hizo la Corte en su fallo de la semana pasada, en el que declaró nula la designación anterior de Doñate, tal como había pedido Juez.

Asimismo, en la acción de amparo el bloque Pro pidió que “se disponga la inmediata designación de los senadores Juez y Schiavoni como representantes de la segunda minoría” del Senado.

Si se resuelve la cautelar entre este martes y el jueves, cuando la Corte se reúne en su acuerdo para analizar si toma juramento a los senadores, es probable que Doñate no pase el filtro del máximo tribunal, ya que fue designado con el mismo “ardid” que la Corte ya objetó con duros términos.

En caso de que antes del jueves un juez contencioso administrativo haga lugar al reclamo de Juez y dicte una medida cautelar, uno de los escenarios posibles es que la Corte avance con el juramento del resto de los legisladores y deje en suspenso la situación de Doñate.

La Corte citó para este martes, a las 10 -después del partido de la selección nacional en Qatar-, en el Salón Bermejo del cuarto piso de los tribunales, a la jura de once consejeros: los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit; los abogados Miguel Piedecasas, Jimena De la Torre, María Fernanda Vázquez y Héctor Recalde; los jueces Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, María Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero; y al representante de la Casa Rosada, Gerónimo Ustarroz.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, envió al Consejo y a la Corte la lista de los diputados elegidos para integrar el Consejo de la Magistratura hasta 2026: serán los kirchneristas Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, ambos por el Frente de Todos; Roxana Reyes por el radicalismo y Álvaro González por el Pro.

Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura funcionará en el ámbito administrativo, pero aún no se pueden integrar las comisiones ni elegir a sus autoridades. Tampoco puede sesionar para atender los temas pendientes, tales como la votación de ternas y eventuales sanciones. Aún espera tratamiento, por ejemplo, el dictamen que promueve el juicio político del juez federal de Mendoza Walter Bento.

LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE HUMANO, QUE PRESIDE EL DIPUTADO LEONARDO GROSSO (FDT), CONTINUÓ CON EL ANÁLISIS DE LA LEY DE ENVASES, QUE BUSCA GESTIÓN ECOLÓGICA DE ESOS PRODUCTOS. FUERON INVITADOS AUTORIDADES NACIONALES, COOPERATIVAS Y CÁMARAS QUIENES EXPUSIERON SOBRE LA TEMÁTICA.En primer lugar, Sergio Federovisky, secretario de control y monitoreo ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación, hizo algunos señalamientos y propuestas pata avanzar con la normativa. “La necesidad de tener una complementaridad para una política pública en materia de tratamiento de residuos sólidos urbanos de la que hoy carece Argentina”. Luego de explicar que en tres años de gestión se pusieron en marcha 8 centros de tratamiento de residuos con “sus respectivas plantas de separación, de recuperación, plantas de referencia, cierre de basurales a cielo abierto, dignificación del trabajo de los recuperadores de residuos”, dijo que  “Sin la ley ni el CC o la reducción seria de las importaciones de PET para insumo industrial, ni el cierre de los basurales a cielo abierto y la construcción de las plantas subsiguientes va a tener éxito”.Además, el funcionario propuso que coexistan dos sistemas: un privado con autorización de la autoridad de aplicación y otro sistema financiado con la recaudación de una tasa para aquellos que no adhieran o que no presenten sistemas de tratamiento; un comité con autoridad competente con representantes de cooperativas y Cámaras y la participación para que se incorporen las provincias. “La responsabilidad extendida del productor no es una entelequia, es el objetivo de la norma”, dijo.Por su parte, María Castillo, directora nacional de Economía Popular presentó el programa “Argentina Recicla”. “Los sistemas de gestión de residuos se encuentran en crisis, por eso necesitamos esta ley con inclusión social”, aseveró. Además, contó que en el mundo hay 25 millones de Recicladores Urbanos, y en Argentina 150 mil. “Los recuperadores informales trabajan en las calles de las ciudades o en los sitios de disposición final. Realizan una gestión de residuos informal”, explicó. A su vez, ejemplificó 4 líneas estratégicas de acción e inversión social: Fortalecimiento de los recicladores urbanos de base, sistemas locales de reciclado, redes de comercialización, agregado de valor a corrientes de residuos.Claudio Terres, presidente de Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Unión Industrial Argentina (UIA), manifestó que “La Unión industrial apoya la ley. Hemos analizado proyecto por proyecto y hemos hecho comentarios en donde hemos consensuado con todas las cámaras e incluyen temas que se comentan acá”. “El sector industrial quiere la ley y buscar el mayor consenso posible, pero que sea una ley aplicable, en ese sentido tenemos algo más que debatir”, dijo.“La importación es necesaria porque cuando uno utiliza material reciclable para nuevos productos necesita una determinada calidad del mix, la fibra no dura toda la vida y al reutilizar va perdiendo las características intrínsecas del material. Tenemos datos de que se importó fibra virgen y se fueron más divisas”, aseguró. “Estamos trabajando hace muchos años en la economía circular, respecto a la tasa en la mayoría de los municipios se paga tasa de higiene y seguridad y debería ir dirigida a un proyecto de este tipo”.José Luis Piccone, director Cámara Argentina Industria del Reciclado Plástico, comentó que durante 2021 se reciclaron 300 mil toneladas, “un 17% del consumo aparente del plástico, por qué no reciclamos más si y se podría reciclar el doble”, aseveró. “Cada 100 toneladas de plástico eso significa una persona trabajando en blanco, en la industria recicladora y más mano de obra indirecta”. “Los residuos tienen que ser clasificados, cantidad, calidad y continuidad. Apoyamos una ley de envases y nos interesa que ayude a esto. Todo el apoyo de la industria, deberíamos aumentar la recaudación y valorización de los residuos”, dijo.Desde la cooperativa de Cartoneros de la Matanza FACCYR, Matías Capoblanco, contó que son “300 compañeros organizados. Organizarlos es mejor calidad de vida y precios, dignificar el trabajo de los compañeros”. “Es una de las leyes más reivindicativas para nosotros, sobre todo para los que no están organizados. Hay compañeros de quinta generación entendiendo este principio colectivo y de ambientalismo. Ese rol que le aportamos al ambiente es uno de los principales y más fuertes”, reflexionó.De manera virtual expuso Bruno Rodríguez, de Jóvenes por el Clima, y habló del “fenómeno de dilataciones” de sectores para que no salga la ley. “Es una demanda de Argentina y de aplicarse unifica dos criterios: justicia climática y justicia social. Es parte de las trayectorias de descarbonización, contempla a recuperadores y a municipios. La función del cobro de esta tasa también funciona como incentivo”, advirtió.Jordana Carvallo, presidenta del departamento de Sustentabilidad y Política Ambiental (COPAL), expresó que “creemos que un marco regulatorio puede dar un paso cualitativo. Ese recupero tenga metas ambientales progresivas, la COPAL representa en un 97% a empresas pequeñas por eso es muy importante poder participar para poder hacer de esto un marco legal exitoso y eficiente, que sea de esta aplicable a todas las empresas e inclusivo”.

Participaron Candela Nassi, jefa de Gabinete de la secretaría de Control y Monitoreo Ambiental; Manuel Mateu, coordinador de residuos sólidos urbanos; Pedro Pesatti, intendente de Viedma, Río Negro; Rodrigo Valdés, Unión Nacional de Cooperativas de Trabajo; Alicia Montaya, Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, Greenpace, entre otros.